viernes 28 de agosto del 2015

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¿Fantasmas del pasado?

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Si bien son inevitables las lecturas disímiles y contrapuestas sobre la movilización de camioneros de La Araucanía, según provengan del Gobierno o de las organizaciones gremiales que organizaron la medida de fuerza, no puede negarse que esta herramienta de protesta no sólo no soluciona los males que pretende sanar, sino que resulta altamente perjudicial para el país por las pérdida en materia de producción, y también para muchos ciudadanos que ven vulneradas sus libertades y alterado su ritmo cotidiano.

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Diálogo y tolerancia

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Ausencia de estadísticas

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Esta semana, Corbiobío reiteró la necesidad de contar con estadísticas económicas regionales, provinciales y comunales, serias y confiables, como parte de un paquete de medidas planteadas al Gobierno para impulsar la inversión en la zona.

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Energía y legitimidad social

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Optimismo vs realismo

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Desafíos energéticos

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El sector energético ha visto en la futura Región del Ñuble una zona con un gran potencial, principalmente en la explotación de energías renovables no convencionales, lo que explica la ambiciosa cartera de inversiones, que solo es el comienzo de un largo proceso que no estará exento de conflictos sociales y ambientales, lo que obligará a la nueva región a contar con una adecuada planificación estratégica del territorio y una renovada forma de abordar las problemáticas derivadas de esta dinámica.

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¿Ciudadanía presente?

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Un pseudo paradigma

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¿Cuánto se valora el trabajo bien hecho en nuestra sociedad? Realizar las tareas, proyectos, o responsabilidades hasta el término de éstas, parece ser algo poco apreciado y donde culturalmente está más instalado el principio de las “cosas a medias o a la chilena”.

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Identidad y nueva Región

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¿Quiénes somos? ¿Por qué nos sentimos diferentes a los penquistas? ¿Por qué queremos y necesitamos ser una región? Sin duda la identidad local fue uno de los aspectos clave que motivó la conformación del movimiento pro Región del Ñuble y una de las principales fortalezas detectadas en los estudios que han avalado la pretensión de convertirnos en una nueva unidad política-administrativa.

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Improvisación y gratuidad

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El Ministerio de Educación publicó el pasado jueves el documento “Bases para una Reforma al Sistema Nacional de Educación”, en el cual se introducen, por tercera vez en los últimos 90 días, cambios a los criterios para la asignación de la gratuidad en la educación superior a partir de 2016, lo que ha molestado a varios rectores, particularmente de la red G9, grupo formado por los planteles privados del Consejo de Rectores (Cruch), como la Universidad de Concepción, la Federico Santa María, la Universidad Austral y las universidades católicas.

Y si los primeros cambios apuntaron a ampliar el número de instituciones beneficiadas bajando la línea de corte de ingresos de los estudiantes desde los seis a los cinco primeros quintiles, en un contexto de presiones desde la oposición, la DC y las universidades privadas, extendiendo el beneficio de la gratuidad a aquellas que están fuera del Cruch, que cumplieran con el requisito de acreditación por cuatro años y no tuvieran fines de lucro; el nuevo texto rebaja de cuatro a tres los años de acreditación exigidos para el ingreso de las privadas fuera del Cruch al beneficio, lo que obedecería a que este requisito no se reflejaba dentro del Cruch, donde existen cuatro planteles que solo tienen tres años de acreditación.

Además, el documento introduce otro cambio: se permitiría el acceso a planteles con sociedades comerciales con fines de lucro, siempre que éstas no elijan sobre un 10% de los directores de la universidad.

Para algunos rectores, como Sergio Lavanchy, de la U. de Concepción, y presidente del G9, esto parece ser un traje a la medida para ciertos establecimientos.

Y lo que es más preocupante aún, es que con la presión del tiempo, de cara a la gratuidad a partir de 2016, el tema no será abordado como una reforma propiamente tal, sino que se discutirá como una glosa del proyecto de ley de Presupuesto de la Nación 2016, es decir, se estaría haciendo política pública al revés, a través del Presupuesto, en circunstancias que lo que corresponde es discutir primero las reformas en el Congreso.

A la luz de los cambios, lo que parece ocurrir es que el Gobierno dispone de 450 millones de dólares para financiar la gratuidad en 2016, y ante la presión por cumplir con el compromiso presidencial de implementar esta reforma el próximo año, se optó por este camino de rápida tramitación legislativa (la Ley de Presupuesto), reduciendo el tema a una asignación de recursos como si se tratara de un fondo concursable, dejando en un plano secundario la discusión de criterios como la calidad académica y la investigación, el compromiso público, el perfil democrático de los gobiernos universitarios y el lucro.

Es más, el Mineduc hace una discriminación injusta al diferenciar entre universidades estatales y universidades privadas, olvidando que existe un grupo de planteles con una larga trayectoria, que son las llamadas universidades privadas tradicionales que forman parte del Cruch (el G9), y las ubica en el mismo grupo que las privadas creadas desde 1981 en adelante. Ello, desconoce absolutamente el rol público y el aporte al país que han hecho instituciones como la Universidad de Concepción.

Se observa con preocupación que esta improvisación le está quitando seriedad al proceso encabezado por la ministra Adriana Delpiano, lo que genera incertidumbre en los planteles, que hasta hoy no saben a ciencia cierta el monto de los recursos que recibirán el próximo año ni los criterios de asignación definitivos a utilizar (podría haber más cambios), un tema no menor si se considera que los presupuestos de las universidades se definen mucho antes que el Presupuesto de la Nación, el que debiera estar aprobado en noviembre.

JA Teline IV
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